El pasado día 5 de febrero nos visitaron, desde la Dirección General de Política Comercial y Competitividad, su director, D. Antonio García Rebollar, junto con D. Carlos Jiménez Aguirre. En esta reunión, FECE pidió apoyo de esta institución ante la proliferación de cargas administrativas y burocráticas, con los consiguientes gastos, que están afectando muy perjudicialmente la competitividad de las tiendas de proximidad.
El encuentro se centró en tres asuntos principalmente, donde estas cargas son especialmente gravosas. En primer lugar, y en relación con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), se puso de manifiesto el exceso de obligaciones que para las tiendas supone el actual RD 110/2015. No solo recae sobre la distribución la obligación de recoger de forma gratuita para el usuario el residuo, sino que además no se está facilitando que se pueda delegar en gestores documentales las obligaciones formales inherentes. FECE está trabajando en ello para que la futura plataforma electrónica del Ministerio permita la conexión con las aplicaciones que como Docuraee o Siga utiliza este sector. De esta forma se optimiza el tiempo de los comerciantes aprovechando todos los recursos que la tecnología pone a nuestro alcance. También se trató el problema que para los traslados de residuos a gestor supone la exigencia de que el comerciante tenga que darse de alta como transportista de residuos, ya que no lo es.
El segundo punto se refiere a la exigencia de gestionar el canon digital, con la consiguiente burocracia y tensión de tesorería que puede suponer para el comerciante. En efecto, como el comerciante ha de pagar el canon a su proveedor al comprar el producto, el coste recae sobre él mismo aunque el producto no se venda o aunque el comprador final del mismo esté exento de pagar canon. El principal problema para el comercio es que, de nuevo, se convierte en agente cobrador de temas ajenos, con una burocracia y obligaciones excesivas. Debe cobrar, ingresarlo a las entidades si no lo hizo su proveedor (incluso cuando no procede porque haya excepciones, en cuyo caso debe posteriormente gestionar las devoluciones) y cambiar los sistemas de facturación para desglosar el canon en factura, ya que si no se le puede exigir el pago del mismo por las entidades de gestión, incluso aunque ya lo haya pagado a su proveedor.
Por último, y como muestra clara de que se obliga al comerciante a asumir un rol de inspección y gestión documental que no le corresponde, se le pusieron de manifiesto al Director General las obligaciones respecto a la venta de equipos de aire acondicionado. En efecto, yendo más allá de lo que dice la normativa europea, se está exigiendo al comerciante que recabe documentación y que controle el cumplimiento de una obligación del cliente (que el equipo lo instale un instalador autorizado). Incluso se le exige que reporte a la administración el incumplimiento de dicho cliente si en el plazo de un año no le entrega la justificación correspondiente.
Parece excesivo y desproporcionado que el comercio tenga que realizar una labor de inspección que en realidad no le corresponde, sino que correspondería a la Administración, con los consiguientes costes.
La Dirección General de Política Comercial y Competitividad se mostró receptiva a apoyar al comercio en la solución de estos problemas.