La enmienda de mayor calado es reducir de dos a un año el plazo máximo para aplicar las nuevas comisiones desde la entrada en vigor del Reglamento, algo que se espera a la vuelta del verano. Supondrá una pérdida inmediata de ingresos a los bancos y un ahorro a los comercios que, según asociaciones de consumidores como Adicae, acabará pagando el ciudadano que utilice tarjetas como ha ocurrido en el pasado con experiencias parecidas.
La regulación afecta a la tasa interbancaria que es la repercutida entre el banco emisor de la tarjeta y el dueño del lector instalado en el comercio para repartirse los costes de funcionamiento -conexiones, cámaras de compensación, fraude, etc. Sin embargo, su efecto es directo a la comisión que luego paga el comercio. Según el Ejecutivo comunitario, opera como suelo en el 70 por ciento de dichas tasas, cuya recaudación cifra en “más de 10.000 millones de euros al año’ en el conjunto de tiendas de la eurozona.
Con el tijeretazo, Bruselas quiere fijar un único nivel de juego –la tasa oscila entre el 0,19 y 2 por ciento en los distintos países-, abaratar los costes para que las tiendas no repudien las tarjetas y extender así su uso para evitar pagos en ‘B’.
La tasa interbancaria en España en operaciones a crédito se mueve entre el 0,44 y 1,13 por ciento, si bien la cotización media es del 0,69 por ciento, superior al 0,66 por ciento que se carga a su vez el comercio.