De izquierda a derecha: Marta Pérez Dorao (Directora General de FECE), José Prat (Secretario General de FECE), Antonio García Rebollar y Carlos Jiménez Aguirre (Dirección General de Política Comercial y Competitividad).
El sector electro se enfrenta en la actualidad a un reto que le está planteando muchos quebraderos de cabeza : cada vez son más las cargas administrativas y burocráticas que las nuevas normativas exigen a los comercios. Desde la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE) se está trabajando para concienciar a la Administración sobre los costes y trabajo extra injustificado que esto supone para las tiendas.
En el mes de febrero ha tenido lugar un encuentro entre la Dirección General de Política Comercial y Competitividad, su director, D. Antonio García Rebollar, junto con D. Carlos Jiménez Aguirre y FECE. En esta reunión la federación pidió apoyo de esta institución ante la proliferación de cargas administrativas y burocráticas, con los consiguientes gastos, que están perjudicando la competitividad de las tiendas de proximidad.
El encuentro se centró en tres asuntos principalmente, en los que estas cargas son especialmente gravosas:
- Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE): uno de los grandes problemas que se encuentran las tiendas es el exceso de obligaciones que para ellas supone el actual RD 110/2015. Sobre la distribución recaen las obligaciones de recoger el residuo gratuitamente, hacer la gestión documental y la de darse de alta como transportista de residuos para los traslados. Desde FECE se está trabajando para que la futura plataforma electrónica del Ministerio permita la conexión con aplicaciones como DOCURAEE o SIGA que utiliza el sector y que optimizarán, gracias a sus tecnologías, el tiempo de los comerciantes.
- La gestión del canon digital: el comerciante ha de pagar el canon a su proveedor al comprar el producto. El coste recae sobre él mismo aunque el producto no se venda o aunque el comprador final del mismo esté exento de pagar canon. El principal problema para el comercio es que, de nuevo, se convierte en agente cobrador de temas ajenos, con una burocracia y obligaciones excesivas. Debe cobrar, ingresarlo a las entidades si no lo hizo su proveedor (incluso cuando no procede porque haya excepciones, en cuyo caso debe posteriormente gestionar las devoluciones) y cambiar los sistemas de facturación para desglosar el canon en factura.
- Las obligaciones respecto a la venta de equipos de aire acondicionado: se obliga al comerciante a asumir un rol de inspección y gestión documental que no le corresponde. En efecto, yendo más allá de lo que dice la normativa europea, se está exigiendo al comerciante recabar documentación y controlar el cumplimiento de una obligación del cliente (que el equipo lo instale un instalador autorizado), una labor de inspección que no le corresponde a él sino a la Administración. Incluso se le exige que reporte a la administración el incumplimiento de dicho cliente si en el plazo de un año no le entrega la justificación correspondiente.
La Dirección General de Política Comercial y Competitividad se mostró receptiva a apoyar al comercio en la solución de estos problemas. El camino por recorrer parte de la comprensión de la Administración y su apoyo al comercio de proximidad, que supone un alto tanto por ciento del tejido empresarial de nuestro país.