Todos hemos sido víctimas de llamadas o acumulación de emails que intentan vendernos cosas o nos envían información publicitaria que no deseamos. Hay muchas empresas que se dedican a traficar con nuestros datos personales o que nos obligan a aceptar, para realizar una operación, el envío de anuncios u ofertas indeseados. Ante esta situación, Europa ha querido poner coto a estos indeseables, lo cual está muy bien. Pero lo malo es que parece que se ha pasado de frenada. La normativa aprobada va a defender al consumidor, pero a costa de nuevos gastos y cargas administrativas para el comercio y la pyme en general, que no va a tener más remedio que incurrir en ellos a la hora de implementar los cambios relativos a la protección de datos.
Está muy bien que se quiera proteger al consumidor. Lo que no es deseable es que para ello no se distinga suficientemente entre aquellas empresas que manejan ingentes volúmenes de datos, siendo estos su razón de ser, su mercancía básica, o bien aquellas que tratan datos especialmente sensibles, y un comercio, que tiene los datos básicos de sus clientes en virtud de las operaciones que cierra con ellos. Estos se ven de nuevo obligados a reformular sus sistemas, sus webs etc y a recabar otra vez consentimientos que ya tenían concedidos.
A nuestro entender, y en base a la cantidad de consultas recibidas en FECE, no han quedado suficientemente claras las obligaciones de la pyme y micropyme. Hubiera sido muy deseable que la Administración hubiera sido más clara y también más proactiva, publicando directamente el texto de la advertencia que estas pequeñas empresas, cuyo tratamiento de datos personales es meramente tangencial a su objeto social, deben poner en sus webs y newsletters. La redacción actual deja mucho margen a la interpretación, ya que no dice claramente que estas empresas no están obligadas a tener por ejemplo un delegado de protección de datos, la necesidad de poner un botón o varios para que el cliente marque su consentimiento, o si es obligatorio que este reciba sus propios datos en dicho mail de confirmación. Verdad es que la Agencia ha publicado numerosa documentación, pero hay que entender que el comerciante electro no tiene ni el tiempo ni los conocimientos para profundizar en la misma. Porque no es esta su única carga administrativa: tiene que lidiar además con los requisitos medioambientales de los RAEE, el canon digital, los gases fluorados, y un largo etcétera.
Por eso de nuevo es la empresa más pequeña la que está sufriendo este exceso de “perfeccionamiento” legislativo… quizás hubiera sido deseable una mayor homologación de los supuestos y como decimos, mayor proactividad a la hora de ofrecer soluciones predefinidas a un sector más que abrumado por las cargas administrativas.