En el mes de marzo Podemos presentó en el Congreso una proposición de ley sobre la despenalización de la venta ambulante para su debate en el pleno. Esta proposición está vinculada al cambio del Código Penal sobre ciertos aspectos que afecta a la venta “top manta”. El eje central radica concretamente en que se saque la venta ambulante del ámbito penal, que la actividad de los manteros no conlleve nunca penas de cárcel y que, en ningún caso, resulten “hechos punibles” cuando el beneficio obtenido sea inferior a 400 euros.
Uno de los argumentos de la propuesta es que “la venta ambulante no constituye un fenómeno coyuntural, sino una actividad más dentro de la precarización social en la que viven muchas personas y concretamente aquellas más vulnerabilizadas. Ante un sistema económico y social que no ofrece otras salidas laborales, se criminaliza a estos sectores precarizados, en lugar de adoptar medidas sociales que palien de alguna manera las situaciones que originan las problemáticas complejas”.
Los hechos sucedidos en Madrid tras la muerte del mantero Mame Mbaye y esta propuesta han vuelto a poner en el candelero este problema con el que los comerciantes de nuestro país llevan conviviendo desde hace años. España en un país con un alto índice de venta ilegal en la calle, factor que favorece la economía sumergida y que perjudica a las tiendas con esta competencia “desleal”.
El sector del comercio necesita una solución por parte de la administración y la clase política.
En declaraciones a Servimedia, Luis Pacheco, presidente de COCEM (Confederación de Comercio Especializado de Madrid) pidió responsabilidad al Ayuntamiento para “que no se permita la usurpación del suelo público de las calles de Madrid para ejercer una venta que es absolutamente ilegal”, aunque señaló que “no les pedimos que metan a nadie en la cárcel, pero sí que se prohíba esta actividad. El mantero es un explotado de esa red ilegal, que es la que verdaderamente hay que perseguir”.