ANTEPROYECTO DE LEY DE REFORMA FISCAL

por | Jul 8, 2014 | Normativa legal | 0 Comentarios

Por Marta Pérez Dorao, D.G FECE

El pasado viernes, 20 de junio, el Consejo de Ministro aprobó el tan esperado anteproyecto de Ley de reforma tributaria, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico, la creación de empleo y la mejora de la competitividad de las empresas. Vamos a examinar y valorar los principales aspectos que contiene, comenzando por su entrada en vigor, prevista para el 1 de enero de 2015. Ha sido muy contestada la previsión de efectos retroactivos de determinadas disposiciones, como indemnizaciones por despidos, cuyo mantenimiento augura recursos de inconstitucionalidad si se mantienen en el texto definitivo.

Por su importancia para nuestro sector, examinamos de forma más detallada el proyecto de reforma del Impuesto de Sociedades.

Principales aspectos contenidos en el Anteproyecto de Reforma Fiscal del Impuesto sobre sociedades (IS)

Se establece una reducción de la tributación, con el fin de consolidar la aproximación de la fiscalidad de las empresas a los países del entorno:

  Actual 2015 2016
Tipo 30 % 28% 25 %

Se crea una reserva de capitalización (minoración del 10% de la base imponible por incremento de fondos propios) que sustituye a la actual deducción por reinversión de beneficios.

Las pymes, tendrán acceso a una nueva reserva de nivelación, estableciéndose una minoración del 10% de la base imponible con un límite de un millón de euros. Esta cantidad se compensará con bases imponibles negativas en un plazo de 5 años, lo que permite que el tipo de gravamen pueda llegar al 22,5% si utiliza esta reserva de nivelación, y al 20,25% si suma la de capitalización empresarial. (Además se mantiene el régimen especial de entidades de reducida dimensión que ofrece otros beneficios a las pymes como la libertad de amortización).

Se fija un límite general del 60% a la compensación de las bases imponibles negativas a partir del año 2016, que no afecta a las pymes.

Para el caso de emprendedores, la reforma fiscal mantiene el tipo reducido del 15 por 100 para las empresas de nueva creación, incluido en la Ley de Emprendedores. El tipo se aplica sobre los primeros trescientos mil euros de base imponible y será del 20 por 100 para el exceso de dicho importe durante dos años: el primer ejercicio con base imponible positiva y el siguiente.

No obstante, creemos que para las Pymes esta reforma se ha quedado corta, la reforma, tal y como está configurada, no favorece para nada a la PyME, que constituye el 99% de las empresas de este país, a pesar de las recomendaciones en este sentido de la Comisión Europea. En concreto, señalar:

  • Tipo: Es necesaria una reducción superior del tipo, (CEPYME la cifra en un tramo comprendido entre el 15% y el 25%)
  • No se consideran las especificidades de este tipo de empresa al configurar las reducciones, deducciones y bonificaciones
  • En relación con esta nueva reserva de nivelación, aun siendo bueno porque refuerza la capitalización de la empresa, impone la necesidad de dotar una reserva por el importe de la minoración, lo cual conlleva un gran coste de oportunidad de los recursos propios ante la necesidad de autofinanciación de las Pymes.
  • En cuanto a los préstamos participativos, se establece que sus intereses no son ya deducibles, esto es nefasto ante la importancia de esta via alternativa de financiación para empresas pequeñas.
  • CEPYME también considera necesario la inclusión de dos deducciones adicionales por el positivo impacto que tendrían en la competitividad: por gastos de formación y por internacionalización, además de ampliar la existente por i+de+i para ajustarla más a las empresas pequeñas.

Se produce además una conculcación de la seguridad jurídica, al eliminar o limitar deducciones bonificaciones y reducciones fiscales que favorecían las inversiones ya realizadas y que pueden alterar la rentabilidad de proyectos ya iniciados. Desde CEPYME se está proponiendo un régimen transitorio adecuado para evitar esta situación.

Igualmente se solicitará minorar la carga de obligaciones de información y trámites administrativos que conllevan aumento de los costes fijos en las Pymes.