Alfredo Gosálvez, secretario general de FECE (Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos) ha presentado a los responsables de los programas electorales de los partidos PSOE, PP y VOX las propuestas de la Federación para la nueva legislatura.
“Son temas –dice Gosálvez- que nos preocupan y de verdad pensamos que ha llegado el momento de echar el resto y poner todas las cartas sobre la mesa para poner en valor el comercio y en especial el comercio de proximidad".
Entre los temas destacados figuran que "seguimos empeñados en la creación de una Mesa de Comercio en el Ministerio, que cuente con los pequeños comercios de proximidad, que se sienten acuciados por la situación económica y el desamparo Institucional. Lo hablamos con Reyes Maroto y ella estaba a favor.
También consideramos oportuno solicitar, como alternativa a la Mesa un Pacto de estado por el comercio, como el que se ha aprobado para la Industria, asumido por todas las fuerzas políticas, con unos ejes muy parecidos de regulación pero con un presupuesto asignado para impulsar la competitividad, productividad y empleo; de alineación de política comercial y política energética; de sostenibilidad, de transformación digital e innovación, de logística e internacionalización, con un programa de potenciación de sectores estratégicos y esenciales,protegiendo al comercio como vertebrador de la economía española. Lo solicitaremos con el concurso de la CEC (confederación española de Comercio), ANCECO, Applia, Anged y Cepyme".
Respector a un Plan renove-sostenibildad, el representante de Fece insiste en que "solicitamos al gobierno un plan renove-sostenibilidad ante los incrementos de costes energéticos, de materias primas, de transportes, IPC. Es tiempo de renovar y ahorrar. Desde 2012 -y han pasado 11 años- no se concede una ayuda de este tipo a nivel nacional y es momento de ayudar al pequeño comercio y a los consumidores y usuarios a través de los fondos europeos, sin necesidad de impactar en los PGE. Es necesario e imprescindible para el sector. FECE representa más de 5.500 comercios, con un volumen de facturación de cerca de 12.000 millones de euros y emplea a 35.000 personas. Además, sería un renove que revertiría en la sociedad, en el consumidor y usuario, ya que financiaría equipos y más aparatos eficientes energéticamente".
También señala Gosalvez que “incentivemos al pequeño comercio, al comercio de proximidad, al comercio rural que lucha frente a la España vaciada subiendo la persiana con mayores gastos cada día y sin ayudas; aprovechemos esos fondos europeos para de verdad ayudar a las pymes que lo necesitan.
"Necesitamos apoyo institucional. Los datos oficiales estiman que cada año se sustituyen en España cerca de tres millones de aparatos de estas características. Los electrodomésticos antiguos son los peores aliados de las familias. FECE calcula que un hogar que sustituya todos sus electrodomésticos verá reducido su recibo de la luz hasta un 30%. Las eléctricas han mantenido los elevados precios, siendo el recibo del usuario medio hace un par de meses el más caro de la historia, y con un invierno que ha sido implacable y se ha llevado por delante centenares de comercios".
Dentro de las cargas administrativas que abruman a las tiendas, "hay que referirse por ejemplo a las que se imponen en la venta de aire acondicionado, pues no solo es burocracia y papeleo, sino que implica asumir una labor de inspección que no nos corresponde".
Por la legislación de gases fluorados, se establece la obligación de vender el aparato con instalación. Pero para controlarlo se impone al comerciante de que su cliente rellene dos partes A y B de un anexo, informando de quién es este instalador. Esto en sí ya es una carga burocrática excesiva para el comerciante que ha de rellenar papeles, archivarlos etc. Pero el mayor problema reside en la obligación que se ha impuesto a los comercializadores, de “denunciar” al cliente cuando éste haya encargado por su cuenta la instalación y no presente el documento B del Anexo VI, (referente a la acreditación de que la instalación se efectúa por una empresa habilitada). Esta obligación entró en vigor a partir del 1 de enero de 2018.
"Entendemos que es una obligación que excede claramente de las que debería tener el comerciante, pues ello implica para el mismo la obligación de delatar a su cliente en el caso de que éste no le entregue cierto documento. Parece excesivo y desproporcionado que el comercio tenga que realizar una labor de inspección que en realidad no le corresponde sino que correspondería a la Administración. Además, este requisito se ha introducido en la normativa española y no la exige el reglamento europeo".
