Como sabemos, llevamos mas de un año de pandemia por el Covid 19 y este hecho nos ha afectado a todos en algún aspecto de nuestras vidas. Cuando en Marzo de 2020 el Gobierno decretó el estado de alarma por la crisis sanitaria, otra crisis se nos venía encima. Nuestras vidas se paralizaron y la actividad económica se frenó en seco dejando al sector del pequeño comercio, entre otros, sin actividad y a las puertas de una de las mayores crisis de su historia.
Afortunadamente el tiempo pasa, la vacunación avanza y podemos ver la luz al final del túnel. La recuperación del comercio parece iniciarse y teniendo en cuenta que es un sector clave para nuestro PIB del que dependen mas de 700.000 autónomos, su recuperación es crucial.
Por este motivo desde la CEC se solicitó al Gobierno la puesta en marcha de una serie de mediadas claves para volver a poner en marcha uno de los motores de nuestra economía.
No limitar el pago en efectivo a 1000 euros
Según Carlos Moreno Figueroa, portavoz y tesorero de la CEC “no es momento de hacer ni imponer ninguna restricción al consumo” ya que, aunque pueda parecer lo contrario, se trata de un pago muy frecuente en establecimientos. Además el ejemplo de Francia, donde se impuso esta medida y que no tuvo el efecto de evitar el blanqueo de dinero que pretende perseguir, debería tenerse en cuenta a la hora de plantear su aplicación en nuestro país.
Una moratoria legislativa
Según datos de la CEC, un comercio tiene que cumplir mas de 3.000 normas si quiere ejercer su actividad, lo que hace urgente una armonización de esas obligaciones que evite situaciones insostenibles.
Presión impositiva
A mayor numero de impuestos menor capacidad de inversión. Y justo eso es lo que toca ahora y lo que reclaman los comercios, poder invertir para salir adelante.
Ayudas directas
Según denuncia la CEC, el Gobierno debe cambiar la forma en la que se van a repartir el paquete de 7.000 millones de euros en ayudas directas a autónomos y pequeños negocios. “La patronal del comercio rechaza el criterio restrictivo basado en el CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) al entender que excluye a un número importante de empresas en situación de gran vulnerabilidad». Para Campo, presidente de la CEC, “el único criterio aplicable para acceder a estas ayudas es que se base en criterios económicos y no por sectores de actividad. O, en su defecto, que se permita a las comunidades autónomas ampliar en las convocatorias los CNAE del anexo y extenderlo a otras empresas de comercio y servicios, de modo que puedan acceder a las ayudas”.