Fuente: Market Visión
La Comisión no expedientará al Gobierno, aunque una legislación europea elevará notablemente el límite actual en España (que es de 1.000 euros).
El año pasado el sector de la distribución, y dentro del mismo el del electrodoméstico (como pudo verse por las actuaciones desde Fece), siguió de cerca las iniciativas del Gobierno para combatir la economía sumergida, que contemplaban la medida de limitar a 1.000 euros el importe máximo a pagar en efectivo por cualquier compra, a lo que el comercio se oponía. La norma entró en vigor hace un año, en julio de 2021.
En febrero del presente ejercicio, el Banco Central Europeo (BC) emitió un dictamen no vinculante expresando que consideraba ese límite desproporcionado, con un impacto «adverso e indeseable» al reducir significativamente la capacidad de los pagadores para utilizar billetes en euros, así como la libertad de los ciudadanos para elegir cómo desea pagar sus compras. Por otro lado consideraba la medida discriminatoria, puesto que admite que personas físicas sin residencia fiscal en España, que no actúen en calidad profesional o comercial, sí que puedan abonar en efectivo el pago de sus compras hasta un tope de 10.000 euros.
Posteriormente se esperaba una decisión de la Comisión Europea, que ya se ha producido, pero que se ha expresado en forma de abstención temporal.
La Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales de la Comisión Europea consideró expedientar al Gobierno de España por este motivo y, en su caso, sancionarla. Sin embargo, entiende que la legislación europea faculta a los Gobiernos a legislar sobre el asunto y a fijar sanciones. Por otro lado, parece esperar a que haya una legislación común para la UE, que ya está en preparación y que fijará un límite de 10.000 euros para los pagos en efectivo, en todo el territorio europeo. Una vez que dicha norma entre en vigor, las distintas legislaciones de los países miembros deberán adaptarse a la misma.