Se denomina “obsolescencia programada” a la programación del fin de la vida útil de un producto, de modo que tras un período de tiempo calculado de antemano por el fabricante éste se torne obsoleto, no funcional, inútil o inservible.
En 1932 el economista americano Bernard London, como receta para salir de la Gran Depresión, propuso por primera vez que se estableciera por ley una “fecha de caducidad” para todos los productos de consumo, y no solo los alimentarios. Su propuesta de obsolescencia programada obligatoria fue estudiada por muchos economistas pero nunca se llevó a cabo. Hoy día es un concepto conocido y los medios hablan muy a menudo de esta práctica, que según algunos es habitual tanto en el sector de los electrodomésticos como en el tecnológico.
El pasado 4 de diciembre Francia ha aprobado una ley para castigar con multas de hasta 300.000 euros y dos años de cárcel a los fabricantes que pongan fecha de caducidad a sus productos. La idea que está a la base de esta ley, con la que Francia se hace pionera a nivel mundial, es que el país no puede permitirse a nivel económico y medioambiental el consumismo desenfrenado que esta práctica supondría. Esta iniciativa es un paso más sobre una tendencia que ya se venía dando en Europa. Concretamente, el órgano consultivo de la Unión Europea, el Comité Económico y Social Europeo (CESE), aprobó hace un año un dictamen que, además de prohibir totalmente la obsolescencia programada, proponía las medidas para combatir esta práctica.
¿Por qué Francia ha tomado esa decisión? Entre otros motivos, el último informe de la Agencia Francesa por el Medio-ambiente indica que entre 1990 y 2007 la compra de aparatos electrónicos ha aumentado seis veces y que, en el mismo periodo, las reparaciones han bajado un 40%. Casi la mitad de los aparatos electrónicos rotos termina en la basura sin ni siquiera un intento de reparación.
Sobre la obsolescencia programada existen argumentos a favor (muchos economistas defienden que es una manera de impulsar el consumo y la economía) y otros en contra (como su insostenibilidad medioambiental, por ejemplo) Además, todavía hay economistas que cuestionan la existencia misma de la obsolescencia programada y dicen que se trata de una leyenda… ¿De verdad los productores de lavadoras, frigoríficos, ordenadores, impresoras, etc. deciden cuál es el ciclo vital de los objetos con el fin de favorecer su constante sustitución? A pesar de las dudas de algunos economistas, hay precedentes famosos (como el juicio a Apple en el año 2003 por no ofrecer recambio de las baterías de sus reproductores de música iPod y similares) que demostrarían esta actitud por parte de algunos productores.
Otro problema es que demostrar que se ha introducido un defecto de forma deliberada resulta muy complicado. Pero la culpa no es sólo de los fabricantes: según algunas encuestas, por ejemplo, el 75% de los consumidores cambian de teléfono móvil antes de que éste se estropee.
En todo caso, veremos si algún otro país europeo se decanta por la prohibición como ha sucedido en Francia. En Italia, por ejemplo, el partido de izquierda SEL ya presentó en el parlamento una propuesta de ley muy parecida a la francesa.