Desde el 1 de marzo del año pasado entró en vigor la normativa aprobada por la Unión Europea que establece la necesidad de una comunicación accesible y transparente por parte de los fabricantes en lo que se refiere a la estimación que hacen de la vida útil de sus productos y sus posibilidades de reparación.
El derecho a reparar es ya una realidad que tiene consecuencias positvas no solo para el bolsillo de los consumidores sino también para el medio ambiente.
Entendemos como derecho a reparar el derecho a que se garantice por ley el poder arreglar algunos aparatos durante diez años (refrigeradores, lavadoras, secadores de pelo o televisores). Que se proteja al consumidor de la obsolescencia prematura y se apueste por la reutilización y la sostenibilidad.
En España, hasta ahora existía la obligación de tener disponibles piezas de recambio durante 5 años de los aparatos discontinuados. Ahora serán 10. Además, el fabricante tendrá que incluir un manual de reparación y asegurarse de que puedan ser desmontados para su reparación.
Índice de reparabilidad
La Comisión Europea quiere crear un índice de reparabilidad, que en definitiva sería similar a la etiqueta de eficiencia energética pero referido a la posibilidad de reparar los aparatos, con una etiqueta o similar que informe al consumidor en el envase o caja del aparato de las posibilidades de reparación, o dicho de otro modo, de la vida útil de los productos. Que refleje, en definitiva, el derecho a reparar. Se trata de crear un sistema ‘inmediatamente visible y fácil de entender’ para los consumidores, con el objetivo de que se hagan una idea de lo fácil o no que puede ser reparar un aparato, así como de su vida útil.
Pero ¿qué ventajas reales tiene esta norma?
Tal y como os contamos en este post la norma pretende luchar contra la obsolescencia programada o que el producto esté fabricado desde su inicio con una fecha final de su vida útil.
Supone, como ya hemos comentado, un ahorro para el consumidor, que sabe en el momento de su compra cuanto le durará el aparato.
Permite reducir la basura electrónica: mejora del impacto medioambiental.